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El verdadero fundamento acogiendo la Jurisprudencia pacifica de las altas cortes sobre la materia, es que el cumplimiento de la edad NO es un requisito para la causación de la pensión sanción o restringida, sino para la exigibilidad para el pago de la mesada; pero en todo caso, antecedido, tal reconocimiento pensional de una calificación judicial previa sobre la condición injusta del despido cuando el hecho cierto del despido y el tiempo de servicios requeridos por el artículo 8 de la ley 171 de 1961 acontezcan conjuntamente antes del 1 de abril de 1994, pero el cumplimiento de la edad sucede en forma posterioridad a dicha fecha. De lo contrario, debe aplicarse el artículo 133 de la ley 100 de 1993.


No obstante, Las altas cortes han reiterado lo siguiente con la causación de la pensión sanción y restringida:


I) Las pensiones sanción o restringida se entienden causadas al momento del retiro del servicio del trabajador oficial
II) En las pensiones sanciones la edad NO es un requisito de causación, sino de efectividad de derecho
III) En este sentido, el artículo 8 de la ley 171 de 1961, aplica para los trabajadores oficiales que se hayan retirado en su vigencia, siempre y cuando reúnan el tiempo mínimo exigido para cada una de las modalidades de pensión, aunque la edad para acceder al pago de la pensión sanción se de en vigencia de otra norma


Tal razonamiento lo asume la Honorable Corte Suprema de Justicia el 10 de marzo de 2009, rad. 33600; en la sentencia del 9 de marzo del 2010, rad 36269 y la sentencia de 13 de junio de 2012 rad. 48303 que indica:

“En ese orden de ideas, toda vez que el vínculo laboral feneció el 14 de abril de 1993, esto es, antes de la entrada en vigencia la Ley 100/1993 es el artículo 8 de la ley 171 de 1961 el que regula la pensión reclamada por el actor, pues como se ha reiterado por esta sala, este tipo de prestaciones se causan o se estructuran a la terminación de la relación laboral (CSJ SL6446-2015, rad 65418), toda vez que el cumplimiento de la edad no es requisito de causación sino de exigibilidad de la prestación”

En el mismo sentido la Corte Constitucional en la sentencia T-814 de 2011 indica:

“Sobre el particular, la Jurisprudencia de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia ha prohijado el anterior planteamiento, al sostener que la aplicación actual del artículo 8 de norma en comento no es ultraactiva, porque la causación del derecho se produce bajo su vigencia, en el evento en que el trabajador es despedido sin que mediara una justa causa y presto sus servicios durante 10 años o más. Lo que ocurre es que su exigibilidad se produce después de su derogación, esto es, en el presente, al momento en que el empleado cumple con el requisito de edad, De ahí que “resulta entonces claro, en el caso de las pensiones especiales (como la sanción), que es la duración larga del contrato de trabajo, o sea la perseverancia en el servicio de la empresa y el despido injusto o el retiro voluntario lo que genera el derecho a la pensión restringida por
jubilación. Quien cumple pues el tiempo mínimo de labores indispensable en cada evento pensional y es despedido ilegalmente o se retira de modo voluntario adquiere el derecho a recibir esta prestación, en la cuantía que para el respectivo caso establezca la ley. Cosa distinta es el comienzo de la exigibilidad de la pensión mensual que pide, conforme a la ley, que el jubilado llegue a cierta edad, que las normas laborales indican para cada clase de pensión. El derecho a la prestación social llamada pensión restringida por jubilación ingresa pues al patrimonio del trabajador cuando cumple al servicio de la empresa el tiempo mínimo requerido por la ley para pensionarse y es despedido sin justa causa o se retira voluntariamente, y si fallece antes de comenzar a recibir las mensualidades de la pensión, por deficiencia de la edad para poder cobrarlas, les trasmite ese derecho a sus causa-habientes señalados por la ley, quienes empiezan a devengarlas desde el momento en que su causante hubiese llegado a la edad indispensable para hacerlo (…) Nada distinto cabe entender cuando el artículo 8o, inciso 2o de la Ley 171 de 1961, prevé que quien se retire voluntariamente de una empresa obligada a jubilar a sus trabajadores y después de quince años de servicios tenga derecho a percibir la pensión al llegar a los sesenta años de edad. Si ya tiene los sesenta años en el momento del retiro voluntario, comienza a devengar de inmediato la pensión. Si no los ha cumplido todavía, adquiere el derecho a la prestación al retirarse; pero la obligación para la empresa para satisfacer las mensualidades pensionales queda en suspenso hasta que el titular del derecho llegue a la edad exigida por la ley para disfrutarla…”

Asimismo, la sentencia T-782 de 2014, señaló lo siguiente respecto a la aplicación del artículo 8 de la Ley 171 de 1961, de personas reeditadas en su vigencia aun cuando la edad se cumpliera cuando esta norma ya había sido derogada, así

“…De las disposiciones referidas, particularmente del artículo 8 de la Ley 171 de 1961, la sentencia T-814 de 2011[28] sustrajo algunas conclusiones que, dada su pertinencia serán reiteradas en esta providencia. Éstas corresponden a: i) La legislación colombiana en materia laboral se ha caracterizado por imponer al empleador la obligación de asegurar a los trabajadores contra el riesgo de vejez. En la actualidad, la obligación referida se traduce en el deber del empleador de afiliar al trabajador al Sistema General de Pensiones. ii) A partir de la creación del ISS y antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el empleador tenía la obligación de efectuar la afiliación del trabajador a esa entidad, para efectos del reconocimiento del derecho a la pensión de vejez, siempre que el instituto tuviera cobertura en el lugar en que se desarrolla la relación laboral. iii) El artículo 8 de la Ley 171 de 1961 aún produce efectos, pues es posible que trabajadores despedidos sin justa causa bajo la vigencia de esa disposición, posteriormente hayan cumplido el requisito relativo a la edad y el riesgo de pensión no haya sido trasladado a alguna entidad de Seguridad Social, en otras palabras, su causación se produce al cumplir con el tiempo requerido de labores en la empresa y ser despedido sin justa causa. En este sentido, en virtud de dicho artículo, el trabajador que sin justa causa sea despedido, después de haber laborado para la misma empresa o para sus sucursales durante más de 10 años y menos de 15 años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la esa ley, tiene derecho a que la empresa reconozca a su favor una pensión indexada. En estos casos, el derecho a reclamar el reconocimiento de la pensión sanción surge cuando el trabajador cumple 60 años de edad. Dicha pensión se mantiene para los trabajadores afiliados o no al régimen de seguridad social pertinente…”

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